La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio su aval para que se continúe aplicando el llamado gasolinazo, consistente en el incremento mensual al precio de los combustibles durante todo 2008 y el primer semestre de 2009.
Así, los ministros de ese tribunal rechazaron invalidar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que con el incremento a los combustibles tiene como principal objetivo recaudar fondos para los estados.
La determinación implica que los consumidores de combustible tendrán que seguir pagando, como han hecho desde enero pasado, el nuevo impuesto por la compra de gasolina o diesel.
Los únicos beneficiados con la resolución de la Suprema Corte serán los estados y municipios, debido a que los recursos que se recauden por el nuevo impuesto ya no irán etiquetados, por lo cual podrán disponer libremente de ellos.
Después de un ciclo de cuatro votaciones, tres por unanimidad y la otra de 10 contra uno, los ministros rechazaron los cuatro argumentos de los diputados federales del Frente Amplio Progresista que presentaron la acción de inconstitucionalidad.
Los legisladores argumentaban en su demanda que el IEPS viola los principios de proporcionalidad, equidad y legalidad tributaria, en perjuicio de los consumidores. Estos razonamientos fueron rechazados.
El artículo que engloba el centro de esta reforma es el 2-A de la Ley del IEPS, en el cual se ordena aplicar un aumento de dos centavos mensuales por cada litro de gasolina Magna.
El alza llegará a un máximo de 36 centavos por litro; es decir, unos 36 pesos por cada 100 litros de ese combustible.
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