Egipto, un país 67 años en Estado de Emergencia

El Parlamento egipcio, controlado por el gobernante Partido Nacional Democrático, ha prorrogado hoy dos años más a petición del presidente Hosni Mubarak, la Ley de Emergencia, vigente en el país de forma continua desde 1981 y que, salvo 19 años, ha sido la norma desde 1914.

Esta legislación excepcional, condenada sistemáticamente por las fuerzas políticas y civiles así como por las organizaciones de derechos humanos, se ha convertido en el instrumento del régimen para perpetuarse en el poder. La perpetuación de esta situación anula de hecho un gran número de derechos personales, civiles y políticos como el derecho a la huelga, a ser asistido por un abogado en caso de ser detenido o a celebrar mítines políticos.

Mubarak, una promesa incumplida

Hossam Buhgat, director de la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales, ha afirmado sentir una "gran decepción porque Mubarak no ha cumplido ninguna de las promesas que realizó antes de su reelección de 2005, entre ellas la supresión de la Ley de Emergencia o de las penas de cárcel contra los delitos de prensa". "El gran problema es que la Ley de Emergencia es un sistema paralelo que da amplios poderes a los cuerpos de seguridad y les permite la violación de los derechos humanos", asegura Bahgat.

Este sistema da manos libres a los aparatos de seguridad para irrumpir en cualquier vivienda y detener a cualquier persona durante periodos de 45 días y de manera indefinida sin necesidad de notificarlo a las autoridades judiciales, es una patente de corso que el régimen no duda en utilizar contra todo incómodo activista.

La 'Maza de Vulcano'

Sin embargo, el régimen insiste en que pronto sustituirá esta normativa que, más que una espada de Damocles sobre las libertades cívicas y los derechos humanos, es descrita por sus críticos como la "maza de Vulcano" con la que el régimen aplasta cualquier movimiento contestatario. El ejecutivo lleva prometiendo desde hace dos años la implantación de esta criticada ley por una Ley Antiterrorista. Sin embargo, Dia Rashuan, analista político del Centro de Estudios Estratégicos Ahram, considera que esta prórroga de dos años es una decisión política y nada tiene que ver con su sustitución por otra ley, porque de lo contrario se hubiera ampliado su vigencia sólo un año.

Para Rashuan, la presencia de esta ley no ha servido para mejorar la situación en el país y sólo sirve para coartar las actividades de los grupos opositores y dar más poderes a los cuerpos de seguridad. La gran justificación por parte del régimen de Mubarak de la Ley de Emergencia ha sido precisamente el terrorismo de inspiración islámica, como el que sufrió Egipto en los años noventa y que resurgió en 2004 y 2005 en dos atentados en Sharm el Sheij y El Cairo.

La Ley de Emergencia fue impuesta por primera vez en la historia contemporánea egipcia en 1914 y desde entonces hasta hoy sólo ha estado 19 años sin aplicarse. Gamal Abdel Naser la impuso dos años después de erigirse como el primer presidente de la República en 1956 coincidiendo con la invasión anglo-franco-israelí del Canal de Suez y, aunque la derogó en 1964, la volvió a imponer en 1967 tras el estallido de la guerra árabe-israelí de 1967. Su sucesor, Anwar al Sadat que ocupó la jefatura del Estado tras la muerte de Naser en 1970 heredó estas leyes excepcionales y no las suprimiría hasta mayo de 1980.

Diecisiete meses después de esta medida, el 6 de octubre de 1981, Sadat fue asesinado por un militar radical de tendencia islámica durante un desfile castrense, lo que desembocó en la nueva activación de la Ley de Emergencia en la misma forma en que se mantiene hasta nuestros días.

Desde entonces ha sido renovada periódicamente por el Parlamento en "sesiones exprés", con la intención, como denuncia la oposición, de evitar el surgimiento de movimientos críticos.